Domingo, Junio 16, 2019

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Promoción del Juicio Ordinario

 

 

Artículo 85.- La demanda deberá interponerse por escrito dirigido al Tribunal y deberá llenar los siguientes requisitos formales:

I. Nombre del actor o en su caso, de quien promueva en su nombre;

II. Señalar domicilio para recibir notificaciones dentro del Distrito Federal;

III. Señalar los actos administrativos que se impugnan;

IV. Señalar la autoridad o autoridades demandadas. Cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, el nombre y domicilio de la persona demandada;

V. Nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere;

VI. La pretensión que se deduce;

VII. La manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del o los actos administrativos que se impugnan;

VIII. La descripción de los hechos;

IX. Los conceptos de nulidad;

X. La firma del actor, si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, poniendo el primero su huella digital; y

XI. Las pruebas que se ofrezcan.

Las pruebas deben ofrecerse relacionándolas con toda claridad, cuáles son los hechos que se tratan de probar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos.

Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones I y X de este artículo, el Magistrado Instructor tendrá por no interpuesta la demanda.

Cuando se omitan los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale, así como las pruebas, dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de que surta efectos la notificación del auto correspondiente, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se desechará la demanda, salvo que no se cumpla con el requisito previsto en la fracción XI en cuyo caso se tendrán por no ofrecidas las pruebas. Por lo que hace al requisito de la fracción II, si no se señala domicilio para recibir notificaciones estas se harán por lista.

Artículo 86.- El actor deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes;

II. El documento que acredite su personalidad, y si ésta ya fue reconocida por la autoridad el documento en el que conste;

III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia donde conste el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad, salvo cuando se demande la nulidad de las resoluciones verbales;

IV. El cuestionario a desahogar por el perito, el cual debe ir firmado por el demandante;

V. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante; y,

VI. Las pruebas documentales que ofrezca.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentran, para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando esta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor prevendrá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, se desechará la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones IV a VI de este artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

}}} Admitida la demanda, se emplaza a las partes, para que la contesten dentro del término de 15 días (artículo 91 de la Ley). Generalmente, la fecha de la Audiencia de Ley, se fija en la admisión.

Nulidad de Notificaciones

En su demanda, el actor puede precisar que no conoce el acto impugnado o manifestar que no fue legalmente notificado.

Para ello, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley, a efecto de que la Sala, determine si efectivamente, no hubo notificación o la misma fue ilegal.

Artículo 88.- Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes:

I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció.

En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación;

II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda.

El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo.

Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto.

Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido.

Suspensión

En su demanda o en cualquier momento procesal, hasta antes de la audiencia de ley, el actor puede solicitar la suspensión. 

De conformidad con el artículo 99, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá ser acordada por el Magistrado Instructor; y acorde al artículo 100, puede solicitarse en cualquier etapa del juicio y tiene el efecto de evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.

Cabe precisar que no se otorga, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones de orden público.

En términos del artículo 101, cuando el acto impugnado fue ejecutado y afecta al actor, impidiéndole el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, se podrá solicitar la suspensión con efectos restitutorios, la que se puede acordar en cualquier fase del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, debiendo para ello, acreditar alguno de los referidos impedimentos.

Asimismo, es importante precisar que, cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, el actor deberá exhibir dicha documental para el otorgamiento de la misma.

Acorde al artículo 103, tratándose de créditos fiscales, la suspensión se concederá, condicionada a que se garantice de su importe ante la Tesorería del Distrito Federal y dejará de surtir efectos, si ésta, no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido.

}}} Acordada la suspensión, el Magistrado Instructor, inmediatamente lo deberá hacer del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento.

Contestación y Contestación de Ampliación 

Debe cumplir con los requisitos que al efecto precisan los artículos 93 y 95 de la Ley, que disponen: 

Artículo 93.- El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda expresará:

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;

II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda;

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso;

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los conceptos de nulidad; y

V. Las pruebas que ofrezca.

Cuando se omita cumplir con lo señalado en la fracción V de este artículo, el Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada para que las señale y exhiba dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de que surta efectos la notificación del auto correspondiente, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas.

 

Artículo 95.- El demandado deberá adjuntar a su contestación:

I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero interesado señalado en la demanda, si lo hubiere;

II. El documento en que acredite su personalidad en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado;

IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante; y

V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquéllos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Si no se adjuntan las copias o el documento a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si éste no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la contestación a la demanda o la ampliación en su caso. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a los peritos a que se refieren las fracciones III y V las mismas se tendrán por no ofrecidas.

}}} Acordada la contestación, en un juicio sin ampliación, resta sólo la celebración de la Audiencia de Ley y la emisión de sentencia.

}}} Si hay materia para la ampliación de demanda, en el auto de contestación, se otorga el término de 15 días , para que se efectúe la misma.

}}} Finalmente, en este último caso, acordada la contestación a la ampliación a la demanda, queda pendiente también, la verificación de la Audiencia de Ley y la emisión de sentencia.

Ampliación  

El artículo 89, prevé las hipótesis en las que procede la ampliación a la demanda:

Artículo 89.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

I. Cuando se impugne una afirmativa o negativa ficta;

II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación;

III. En los casos previstos por el artículo anterior;

IV. Cuando en la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor al presentar la demanda y

V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos, que en su caso se presenten.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 86 de esta Ley.

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 86 de esta ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

}}} En el acuerdo de ampliación, se otorga el término de 15 días, para que se efectúe la contestación a la misma.

 

Audiencia  

En términos del artículo 122, en la audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y alegatos correspondientes. Acorde a la Ley vigente, está prohibida la práctica de dictar los alegatos, la Ley abrogada, sí lo permitía. 

 

Sentencia 

Celebrada la audiencia de ley, la sentencia debe pronunciarse, dentro de los 30 díassiguientes (artículo 91 de la Ley).

Atento al artículo 126, las sentencias deberán contener:

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de la Sala. Las documentales públicas e inspección judicial que siempre harán prueba plena en los términos de esta Ley;

II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;

III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconociere o cuya nulidad se declarase; y

IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

El artículo 127, determina las causales de anulación:

Artículo 127.- Se declarará que una resolución administrativa es nula cuando se demuestre alguna de las siguientes causas:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

VI. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar.

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el acta de visita o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la Sala al emitir su sentencia, deberá examinar primero aquéllas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto administrativo impugnado.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Y, el artículo 128, determina los efectos de la sentencia:

Artículo 128.- La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez del acto impugnado.

II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado;

III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; y

IV. Tratándose de la anulación de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos del artículo 43 de la Ley Registral para el Distrito Federal, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera ves (sic) se presentó el título, sin que pueda la Sala de conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales; y

V. Sobreseer el juicio en los términos de Ley.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.

Apelación de las Sentencias 

De conformidad con el artículo 137 de la Ley, las resoluciones de las Salas Ordinarias, que decreten o nieguen sobreseimiento, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo, y las que pongan fin al procedimiento, serán apelables por cualquiera de las partes ante la Sala Superior.

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